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La intendencia de La Punta adhirió a Ley Provincial de Deudores Morosos Alimentarios

El jefe de Gabinete dejó en claro la posición de la Municipalidad a raíz de la actitud del presidente del Concejo Deliberante. Desde el Ejecutivo se quejaron del legislador porque "rompió el bloque" y por "tomar la posición de la oposición".

Luciano Ayala y Gabriel Messina
Actualizada: 30/05/2024 17:32
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El jefe de Gabinete de la Municipalidad de La Punta, Gabriel Messina, destacó que la intendencia adhirió a la Ley Provincial de Deudores Morosos Alimentarios, pero de los 17 artículos, el intendente Luciano Ayala vetó tres artículos por “cuestiones inclusivas y ética”.

Sin embargo, el presidente del Concejo Deliberante, Mario Gil “rompió el bloque” del Partido Avanzar y apoyó la moción de la oposición que logró sobre tablas rechazar el veto e insistir con el texto original de la ordenanza.

En diálogo con El Chorrillero, Messina afirmó que el intendente Luciano Ayala adhirió en todos sus términos a la ley provincial del Registro de Morosos Alimentarios. Después había algunos artículos puntuales que se agregan en la ordenanza que hacen que el funcionamiento del Poder Ejecutivo sea “engorroso, complicado y burocrático”, explicó.

Aclaró que el veto es parcial, sobre los artículos 2,3 y 4 que prohíbe y le impide directamente al Ejecutivo la contratación de empleados que tengan deudas y estén en condición de morosos.

“Lo más fácil para una persona que está esperando poder cobrar una cuota alimentaria es que a quien se la debe cobrar esté en la formalidad. Lo mejor que puede ocurrir en favor del niño es que esté en la formalidad para poder retenerle lo más rápido posible. Estando en el registro, al día siguiente sale el oficio de retención judicial y automáticamente el menor cobra la cuota y es esa la oportunidad que estaríamos restringiendo”, destacó el funcionario.

Sí sostuvo que están de acuerdo que una persona no puede ser funcionaria del Ejecutivo si está en el registro de deudores, pero restringen lo referido a los empleados.

A pesar de ello, la concejal opositora de Unión por San Luis Roció Roldán propuso insistir con el texto original aprobado por el cuerpo para dejar sin efecto la decisión de Ayala.

Fue en ese momento en el que el presidente del cuerpo, Mario Gil, “se corre de su rol y toma el de concejal para apoyar la solicitud” del bloque del partido de Alberto Rodríguez Saá.

Mario Gil

“Toma una actitud que yo considero que no es correcta. Desconozco los motivos, pero rompió el bloque para tomar la posición de la oposición”, manifestó Messina.

Por otra parte, indicó que se debe discutir si los dos tercios son correctos porque el artículo 261 de la Constitución establece que ese porcentaje se contabiliza si se encuentra la totalidad del cuerpo y al momento de sesionar, faltaba un edil.

Asimismo, volvió a ratificar la postura de la intendencia porque “esa mamá o papá que está esperando poder retener la cuota alimentaria, para ese chico, de repente se queda sin la oportunidad de retenerla porque pierde su situación de empleo formal y es lo que se aprobó”, criticó.

Por último, dejó en claro que “no se rechazó en ningún momento la ordenanza porque se promulgó adhiriendo totalmente a la ley, pero con algunos artículos menos. Ellos la ratificaron, ahora nosotros tenemos un tiempo para responder”, puntualizó.

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